La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, resaltó que cinco nuevos ayuntamientos en Galicia han solicitado a la Xunta que asuma la gestión de sus sistemas de depuración de aguas. Durante su intervención en el Parlamento, la conselleira de Infraestructuras y Movilidad explicó que desde la entrada en vigor de la Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua, cinco municipios adicionales han expresado su deseo de que la Xunta se encargue de la gestión de sus infraestructuras de agua o de la prestación de servicios relacionados.
La conselleira subrayó que, aunque por ley son los ayuntamientos los responsables de las competencias de saneamiento, abastecimiento y depuración, la Xunta ha impulsado la Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua para brindar apoyo técnico y financiero a los municipios que enfrentan dificultades en la gestión de estos servicios. Esta ley tiene como objetivo profesionalizar la gestión y ampliar la colaboración entre la Xunta y los ayuntamientos en asuntos relacionados con el agua.
Vázquez destacó que este modelo de colaboración voluntaria no conlleva la creación de nuevas tarifas ni aumentos en las facturas, ya que los recibos son emitidos por las administraciones locales. En este contexto, recordó que cuando ciertos ayuntamientos, como Viveiro, O Grove o Vigo, decidieron aumentar las tarifas del agua, aún no existía la Ley de la Xunta.
La conselleira hizo un llamado a la responsabilidad de los ayuntamientos, enfatizando que una gestión adecuada puede generar importantes ahorros. Subrayó la necesidad de que los municipios, con el respaldo de la financiación autonómica, examinen sus redes de abastecimiento para identificar fugas, ya que en promedio se pierde entre el 40% y el 60% del agua.
Además, hizo hincapié en la importancia de separar las aguas residuales de las pluviales y en la revisión de la red de colectores para evitar vertidos, lo que provoca ineficiencias y costos innecesarios en el proceso de depuración.
La conselleira también instó a una mayor diligencia y criterios más claros por parte del organismo estatal de espaldas, que ha retrasado durante años las autorizaciones, poniendo en riesgo u obstaculizando proyectos fundamentales para las rías gallegas.
Desde 2009, el Gobierno gallego ha invertido más de 1.100 millones de euros en proyectos hidráulicos y continúa trabajando en iniciativas clave de saneamiento y depuración en la región.
